¿Cómo llenar el vacío entre las PYMES y los servicios legales de calidad?
Típicamente, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), así como los negocios que están germinando, deciden relegar a un segundo plano los servicios legales que su emprendimiento o compañía requieren.
¿Por qué sucede esto? En general, las PYMES deciden enfocar los limitados recursos con los que cuentan al desarrollo de su negocio; por ejemplo, en las etapas iniciales se prioriza el mejoramiento de los productos o servicios, la implementación de tácticas de mercadeo para abordar al consumidor, el diseño y la innovación, entre otros.
De esta forma, el presupuesto que existe en las primeras fases de un emprendimiento para pagar servicios legales es escaso o inexistente. Lo anterior obliga a las PYMES y a los nuevos emprendimientos a buscar asesoría legal barata o, inclusive, a solicitar servicios gratuitos a abogados allegados de confianza.
El resultado de esta fórmula es que la estructuración legal del nuevo emprendimiento es realizada (i) por abogados que no tienen el conocimiento y la experiencia adecuados, y/o (ii) por abogados que no le dan la prioridad necesaria a ese servicio que están brindando como un favor a ese familiar o allegado. En consecuencia, el servicio legal resultante que es recibido por este empresario es, un muchos casos, deficiente y/o brindado con mucho atraso.
Esta situación genera un problema importante para las PYMES: desde el inicio su nuevo negocio no cuenta con las bases legales adecuadas. Por ejemplo, aspectos fundamentales como la estructuración corporativa, los acuerdos entre los nuevos socios, la protección de las marcas y patentes, los contratos comerciales, entre otros, son pobremente elaborados o no existen del todo.
En muchos casos, esta ausencia de una estructura legal adecuada puede llegar a generarle al emprendedor inconvenientes que lo hacen perder el impulso en su nueva compañía; también, lo obligan a gastar súbitamente y de forma no programada recursos en servicios legales para resolver los imprevistos que surgen a raíz de una inadecuada estructura legal. Este tipo de situaciones podrían comprometer de forma importante la rentabilidad y futuro de la empresa.
Ante esta situación surge la pregunta: ¿Cómo llenar el vacío que generalmente existe entre las PYMES y los servicios legales de calidad?
La respuesta radica en la implementación de un enfoque innovador de financiamiento de honorarios por parte de las firmas legales que acumulan el mayor conocimiento, experiencia y know-how en los ámbitos legales en los cuales va a navegar el nuevo emprendimiento.
Bajo este programa, la firma legal se aleja de la tradicional práctica de recibir el pago de sus honorarios de contado, impactando de la menor forma el flujo de caja de la nueva empresa. Por el contrario, la firma legal pone al servicio de las PYMES una serie de instrumentos por medio de los cuales se le financian al nuevo emprendimiento los honorarios resultantes a largo plazo. Asimismo, el desfasamiento que se genera en el pago de honorarios por servicios legales de calidad puede adoptarse bajo distintos esquemas, desde un típico financiamiento hasta otras alternativas de participación y cooperación entre la firma legal de calidad y el nuevo emprendimiento.
El resultado de poner en práctica este innovador esquema de pago de honorarios es, en primera instancia, que se eliminan las barreras para que los nuevos emprendimientos puedan acceder, desde el inicio, a la mejor firma legal para su negocio; en consecuencia, ese nuevo emprendimiento nace y se desarrolla con una estructura legal adecuada y minuciosa que potencia el crecimiento de la empresa.
En segunda instancia, la implementación de este esquema de financiamiento de honorarios hace que el flujo de caja de las PYMES no se vea afectado negativamente por pagos importantes de honorarios por servicios legales de calidad.
De esta forma, las PYMES cuentan ahora con instrumentos para llenar el vacío de servicios legales de calidad que típicamente ha adolecido el desarrollo de sus emprendimientos. La implementación de estos instrumentos hará que este sector empresarial sea cada vez más eficiente y tenga mejores armas, desde un inicio, para afrontar los retos legales que surjan durante la vida de su empresa.
Federico Castro Kahle es socio director de la firma Caoba Legal (www.caobalegal.com). Es abogado incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica y cuenta con un MBA con énfasis en emprendimiento de la Escuela de Negocios de la Universidad Imperial College, en Londres. Por favor enviar sus comentarios sobre este artículo a info@caobalegal.com
