Responsabilidad ambiental de entidades financieras
Recientemente algunos medios de prensa han reportado que varios bancos internacionales involucrados en el financiamiento de la construcción de la Planta Hidroeléctrica Reventazón, ubicada en Siquirres de Limón, han activado sus mecanismos de consulta e investigación a raíz de denuncias sobre supuestos impactos ambientales causados en áreas aledañas al proyecto.
Este artículo no pretende analizar los posibles impactos ambientales de dicho proyecto, ni las medidas de mitigación que podrían aplicarse. Sin embargo, a continuación, se utiliza el contexto de este caso para analizar el rol de las entidades financieras en proyectos que podrían generar daños ambientales. Lo anterior se realiza con el fin evaluar la adopción en nuestro país de buenas prácticas en materia financiera-ambiental que permitan ejercer un control ambiental más efectivo de los proyectos y actividades de las empresas.
A nivel internacional existe una creciente tendencia dirigida a corresponsabilizar a las entidades financieras de los daños ambientales que se generen en los proyectos financiados por ellas. Esto nace como una evolución lógica del principio de que los financiadores no deben facilitar fondos para actividades ilícitas, dentro de las cuales se ubicarían los daños ambientales. Por ejemplo, iniciativas de las Naciones Unidas bajo su programa para la Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques (ONU-REDD) y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han abogado por que las instituciones financieras elaboren análisis de riesgos ambientales y sociales de las actividades de sus clientes; inclusive en Costa Rica se han realizado talleres con el auspicio de la Superintendencia General de Entidades Financieras en torno a esta tendencia internacional en el contexto de la regulación financiera costarricense. A nivel nacional, varios académicos han respaldado esta tendencia y han encontrado amplio sustento en el ordenamiento jurídico ya existente.
Dar una interpretación amplia a la responsabilidad que poseen las entidades financieras en materia ambiental presupone que estas deben replantearse sus métodos de control sobre los proyectos de los cuales son acreedores. Un involucramiento activo de parte de las entidades financieras debe partir de un análisis sobre los riesgos ambientales de un proyecto y entender como estos pueden afectarle al ambiente, así como a la entidad financiera en un ámbito legal monetario y de imagen. Al verse las entidades financieras en la obligación de tomar posiciones más activas dentro del ámbito de prevención de daños ambientales, estas se convierten en aliados del estado en materia ambiental y en promotores del desarrollo sostenible. Esto en razón de que las entidades financieras deberán ejercer una presión efectiva en el control de la aplicación correcta de las obligaciones ambientales que imponen las licencias, permisos y evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de sus clientes.
En conclusión, los posibles impactos ambientales relacionados a la Planta Hidroeléctrica Reventazón, brindan un contexto ideal para debatir sobre el cómo las acciones de los bancos internacionales reflejan un cambio de paradigma, a nivel nacional, en cuanto a la responsabilidad que poseen las entidades financieras sobre los proyectos que financian. Sin embargo, el mayor beneficio que se puede derivar de una discusión de esta naturaleza es determinar como las entidades financieras costarricenses pueden convertirse un aliado importante para el propio estado y desarrolladores de proyectos en materia ambiental.
(Este artículo fue publicado originalmente en La Nación el 05 junio del 2017.)
